La exigencia de apartar elevadas cantidades de dinero
-unos 30.000 millones, calcula el Gobierno- en previsión de que, incluso
los promotores inmobiliarios cumplidores puedan fallar en sus pagos,
supondrá que las cuentas anuales de muchas cajas o grupos de cajas de
tamaño mediano arrojen abultadas pérdidas a finales del ejercicio. Todo
sea por restaurar la confianza en el sector, restablecer los canales de
financiación que han de facilitar el crédito y por aliviar la presión
sobre la deuda pública de España.
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