Un total de 2.901 propietarios de edificios en Santa Cruz se enfrentan a la posibilidad de tener que abonar sanciones que pueden ir desde los 1.000 y hasta los 3.000 si no presentan la documentación que acredite que han pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) antes de junio, el principal mecanismo municipal para garantizar el mantenimiento de los inmuebles y garantizar la seguridad de sus ocupantes y los viandantes.
La Gerencia de Urbanismo ya ha notificado a 3.000 propietarios de las edificaciones construidas antes de 1952 así como en 1962 y 1963 –el primer grupo que deberá pasar la ITE– que tienen que contratar a un arquitecto para que realice un análisis que determine en qué condiciones se encuentran sus propiedades. En el caso de que se detecten problemas estructurales en el inmueble, sus propietarios dispondrán de tres meses para acometer las obras necesarias que garanticen, no solo la seguridad de las personas que habitan en dicha propiedad, sino también de los transeúntes.
De este total de propiedades que están obligadas a pasar la Inspección Técnica de Edificios, solo 99 han presentado la documentación en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. De esas 99, los técnicos han dado el visto bueno en 90 de los casos mientras que nueve fueron informadas de manera desfavorable.
"De este total, 49 de los expedientes estaban incompletos y 4 no se adaptaban el modelo solicitado por la Gerencia", aseguró el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, quien añadió que en esos casos, ya se le pidió a los propietarios que subsanaran estos errores para poder concederles el certificado de la Inspección Técnica de Edificación.
La falta de mantenimiento y conservación de los edificios, las propias deficiencias estructurales de algunos y las lluvias caídas este invierno han provocado un incremento en las actuaciones por caídas de cascotes en la capital. Martín Bethencourt apunta estas tres causas y asegura que precisamente los esfuerzos que ha hecho Urbanismo para mejorar las medidas de control van en parte dirigidas a minimizar las consecuencias de la caída de partes de las estructuras de las edificaciones a la calle.
Las caídas de cascotes por las intensas precipitaciones, que han obligado a cerrar aceras y hasta calles, han afectado en las últimas semanas a edificios de Ramón y Cajal, la Plaza del Príncipe y principalmente el barrio de El Toscal, el que cuenta con mayor densidad de inmuebles degradados.
Pese a que la Gerencia de Urbanismo había anunciado en enero del año pasado que el primer grupo que tendría que pasar la ITE estaba compuesto por 1.400 viviendas, lo cierto es que tras cruzar los datos con los del Catrasto, el número se ha elevado a 3.000.
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