La nueva ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE) ha generado cierta preocupación en Logroño. El principal motivo es que el 60% de los edificios de la capital riojana tienen más de treinta años -la ordenanza se aplica a todos los inmuebles con una antigüedad superior a los 30 años, siempre y cuando no haya sido realizada recientemente una reforma integral en el edificio ni se encuentre en estado de ruina.
«Si existe alguna deficiencia, una vez realizada la inspección, los propietarios tienen un plazo para su reparación y, si no, el Ayuntamiento podrá establecer multas de entre 1.000 y 1.500 euros», explica Pedro Luis Díaz Macón, portavoz del Foro del Casco Antiguo. «Demandamos que haya subvenciones en caso de que las comunidades de propietarios no puedan hacer frente a estos costes».
En este sentido, recuerda que «intentamos incluir una alegación a la ordenanza. La ordenanza recoge que el Ayuntamiento podrá dar subvenciones; nosotros queríamos que recogiera que el Ayuntamiento deberá dar subvenciones, pero desde el Consistorio no lo aceptaron porque no podían comprometerse a ello».
«Estamos preocupados por todo el tema social. No es demagogia. Plantemos la realidad de aquellas personas. Nos encontramos con que muchos de los propietarios de estos edificios son jubilados con pensiones de tipo medio. ¿Cómo van a poder pagar los desperfectos? Y si no se subsanan esas deficiencias que detecte la ITE lo hará el Ayuntamiento de forma subsidiaria».
El Consistorio logroñés anunció el año pasado que introducirá un apartado en la base reguladora de ayudas a la rehabilitación para contribuir a que las comunidades de propietarios cumplan la nueva ordenanza de la ITE. Señaló entonces que aprobará estas ayudas con la entrada en vigor de la ordenanza y su aplicación. La ordenanza entró en vigor el pasado enero, pero nada se ha concretado ni del procedimiento ni de las ayudas.
Una vez pasada la primera inspección, se deberá renovar cada cinco años. Los técnicos, por su parte, detectarán problemas relacionados con el estado de conservación (estructura y cimentación, fachadas, cubiertas, estanqueidad y habitabilidad, y seguridad) así como las condiciones de accesibilidad.
Pese a que una mayoría de los propietarios que poseía una vivienda inscrita en el padrón de ITC que publicó el ayuntamiento de Burgos han cumplido con sus obligaciones, siempre quedan algún remolón que por desconocimiento o por creerse impune opta por no cumplir con sus obligaciones. Por ello el ayuntamiento burgalés a lo largo del mes de marzo está cotejando los padrones necesarios para identificar a los in cumplidores y tomar las medidas oportunas.
