El 26% de los 10.006 inmuebles de la ciudad que tienen más de 56 años no ha realizado la obligada inspección.
MIGUEL
FERRARY Unos 2.600
edificios de la ciudad no han realizado la obligada inspección técnica de
edificios (ITE), lo que ha llevado a la Gerencia de Urbanismo a abrir otros
tantos expedientes sancionadores para forzar que se realicen los estudios sobre
el estado de conservación del inmueble.
Esta cifra de sanciones afecta al 26% de los 10.000 edificios de la ciudad con más de 56 años que debían pasar el control de la ITE y no han presentado estos informes, que son preceptivos para conocer el estado de los bloques y acometer las medidas necesarias que aseguren la conservación de los inmuebles.
Urbanismo ya ha completado tres fases del plan de revisión del censo de viviendas de la ciudad, afectando a todos los edificios construidos antes de 1956. De hecho, el pasado 1 de enero comenzó el plazo de dos años para elaborar los informes de la cuarta fase, que incluye a unos 17.000 edificios construidos entre 1957 y 1980, lo que supone la fase más ambiciosa por volumen de inmuebles incluidos.
La primera consecuencia de la aplicación de la ITE ha sido el inicio de unos 2.600 expedientes sancionadores contra los propietarios de inmuebles que no han presentado el preceptivo informe y que pueden derivar en multas de entre 600 y 60.000 euros.
Esta cifra de sanciones afecta al 26% de los 10.000 edificios de la ciudad con más de 56 años que debían pasar el control de la ITE y no han presentado estos informes, que son preceptivos para conocer el estado de los bloques y acometer las medidas necesarias que aseguren la conservación de los inmuebles.
Urbanismo ya ha completado tres fases del plan de revisión del censo de viviendas de la ciudad, afectando a todos los edificios construidos antes de 1956. De hecho, el pasado 1 de enero comenzó el plazo de dos años para elaborar los informes de la cuarta fase, que incluye a unos 17.000 edificios construidos entre 1957 y 1980, lo que supone la fase más ambiciosa por volumen de inmuebles incluidos.
La primera consecuencia de la aplicación de la ITE ha sido el inicio de unos 2.600 expedientes sancionadores contra los propietarios de inmuebles que no han presentado el preceptivo informe y que pueden derivar en multas de entre 600 y 60.000 euros.
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