El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz ha alertado de las «malas prácticas» de algunos «profesionales' no colegiados» en la implantación «obligatoria» del Certificado de Eficiencia Energética. Por ello, recomienda a los ciudadanos que demandan este tipo de servicios que acudan a especialistas con formación específica en la materia.
Así lo ha indicado a Europa Press el decano de Copiti Cádiz y presidente del Consejo Andaluz de Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero, que recuerda que el próximo 1 de junio se cumple un año de la aprobación del decreto que obliga a los edificios en alquiler o a la venta a contar con un certificado de Eficiencia Energética.
Explica que, hasta el momento, más de 300 técnicos de Copiti Cádiz han recibido formación específica para dar respuesta a los ciudadanos y asesorarles en esta materia. En este sentido, abunda que a la hora de contratar estos servicios "la mejor garantía se encuentra en contratar los servicios de un profesional que goce del aval de su colegio profesional y que vise su trabajo".
TAREAS PENDIENTES
A su juicio, aún quedan algunos aspectos "por mejorar", como el conocimiento por parte de vendedores o arrendadores de la obligatoriedad de este certificado. A ello, se suma la "desorientación de los ciudadanos", siendo estas las "trabas más importantes" con las que se han encontrado los colegiados.
Argumenta que "este certificado ha sido interpretado por la sociedad como un impuesto más, debido al mercadeo y las malas prácticas llevadas a cabo por profesionales no cualificados o que no han aportado un valor añadido a su trabajo, como la propuesta de mejoras en su vivienda para ahorrar más energía y que incluso han realizado su trabajo sin ni siquiera realizar visita". Todas estas prácticas las están denunciando a través de su consejo general y colaborando con asociaciones de consumidores.
En cuanto a los precios al aplicar este certificado en la provincia, ha explicado que depende de la comunidad autónoma y de los honorarios de los colegiados. No obstante, el precio de este trámite ha experimentado "una fuerte bajada durante su primer año de vida". Así, en Andalucía ha descendido "un 40 por ciento", situándose en torno a los "50 o 60 euros en los casos más sangrantes", y de media en unos 120 euros.
Para los propietarios de edificio o local es "obligatorio" disponer de esta certificación que tendrá un plazo de validez de diez años y cuyo documento recogerá la normativa vigente, sobre ahorro y eficiencia, en caso de existir, en el año de construcción; una descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador y calificará mediante una etiqueta energética el edificio. Además, debe incorporarse a la oferta de la vivienda puesta a la venta o en alquiler.
Finalmente, indica que la Junta de Andalucía podrá llevar a cabo inspecciones, cuya finalidad será la de comprobar que se está cumpliendo con la ley. Destaca que en caso de "incumplimiento, falsedad o fraude" se podrá sancionar y las cantidades de dichas multas podrían llegar a los 6.000 euros
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