BENIDORM, LADRILLO DE ORO

Benidorm, pese a la que está cayendo, sigue siendo el contrapunto a la crisis del ladrillo. Así lo demuestran dos datos. 

Uno, que la ciudad sigue teniendo las viviendas más caras de la Comunidad Valenciana, como refleja el precio que mantiene por metro cuadrado, 1.945 euros (media de 2012), según datos del último informe emitido por la Sociedad de Tasación. 

Y dos, en apenas tres años el Ayuntamiento ha doblado el número de licencias otorgadas para rehabilitar las fachadas de sus edificios, de 22 en 2010 ha pasado a 43 en 2012, según datos facilitados por el concejal de Urbanismo.

Al contrario que en otros municipios, la frenética actividad para poner a punto las fachadas no es producto de una obligación promovida por el Ayuntamiento, sino que llega desde la propia iniciativa privada. El arquitecto jefe del Ayuntamiento de Benidorm, lo explica como un efecto producto de la "inteligencia social". "Las sociedades de tasación mantienen el precio del metro cuadrado de Benidorm muy alto y esto no pasa desapercibido para los propietarios, que quieren mantener el valor tanto en la vivienda residencial, como en los alquileres y en la planta hotelera, y saben que es más barato reparar lo que tienen que arriesgar su patrimonio" en otras inversiones que aún les generen dudas. 

También dice que, hoy por hoy, "el dinero está mucho más seguro rehabilitando un edificio en Benidorm que en cualquier banco".

 Por este motivo actualmente es casi imposible no toparse con varios edificios de envergadura vestidos con andamios para lavar su imagen si uno pasea por la ciudad. 

Una circunstancia que choca al suceder en un tiempo en el que la morosidad se acrecienta dentro de las comunidades de vecinos, y también porque parte de estos edificios no han cumplido aún los 50 años que marca la ley para que las fincas empiecen a pasar, obligatoriamente, inspecciones periódicas cada cinco años.

La Ley Urbanística Valenciana establece que los propietarios de toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años deben promover, al menos cada cinco años, una inspección a cargo de un facultativo competente para supervisar su estado de conservación. Del resultado, ha de expedirse un certificado que describa los desperfectos y las medidas prioritarias a realizar.

Leer noticia completa