Guadalajara: obligación de someter a inspección técnica este año a 911 edificios

Sus propietarios pueden ser multados con hasta 6.000 euros, si no se hace la revisión a que obliga la Ordenanza municipal aprobada en octubre

Algunos vecinos de Guadalajara están recibiendo ofertas comerciales de distintas empresas, que pretenden cobrarles entre 300 y 500 euros por una revisión técnica de edificios. Quienes reciben tales ofertas son propietarios o residentes en inmuebles de más de 50 años de antigüedad, que hasta el momento desconocían la existencia de una Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificios, aprobada por el Ayuntamiento de Guadalajara el 26 de octubre de 2012, que obliga a someter sus edificios a una inspección que determine su estado de conservación.

La Ordenanza también fija unas sanciones de entre 600 y 6.000 euros para los propietarios que incumplan la obligación de someter a sus edificios a la inspección técnica en el año que les toca. En 2013 están obligados a pasar dicha revisión 911 inmuebles de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, el equipo de Gobierno de Antonio Román no ha notificado a sus propietarios ni la obligatoriedad de examinar el estado de los edificios ni las multas que les puede imponer el Ayuntamiento en caso de no hacerlo en el plazo preceptivo.

Magdalena Valerio, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha denunciado hoy el desconcierto que esta falta de información está generando entre los vecinos que reciben cartas de empresas que se ofrecen a inspeccionar sus edificios, debido a que “Román no les ha notificado esta obligación directamente, cosa que podría haber hecho junto con la felicitación navideña enviada a todos los vecinos, en la que gastó 3.600 euros”.

El Ayuntamiento tampoco ha publicado la relación de inmuebles afectados este año en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia, como estaba obligado a hacer, y se ha limitado a publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal, unos cauces de comunicación que se han demostrado insuficientes para que todos los propietarios afectados tengan conocimiento de la Ordenanza y las posibles sanciones.