Cerrado el plazo oficial el 31 de enero, el registro de los inmuebles
que debían pasar la Inspección Técnica de Construcción (ITC) durante el
pasado año queda con un 38% del total todavía pendiente de cumplir con
su obligación.
Un total de 214 edificios de los 554 que estaban fijados
en el Padrón, que recoge a los construidos en el año 1971 y entre enero
de 1941 y diciembre de 1945, a los que el Ayuntamiento procederá a
notificar la falta para que la subsanen en un plazo de 3 meses.
Un
periodo de subsanación después del cual la administración municipal
puede ordenar la práctica de las labores de oficio, con la consiguiente
factura a cargo de los titulares de la edificación e, incluso, con
multas por el incumplimiento que van desde los 600 hasta los 3.000
euros, según recoge la ordenanza reguladora, que cita que los
responsables directos son los propietarios, aunque deja abierto que,
ante el incumplimiento de éstos, «los arrendatarios u otras personas que
tengan derechos quedarán facultados para solicitar de la administración
la realización de la inspección».
La ITC, cuyas inspecciones se hicieron por primera vez en el año
2009, reparte el padrón de los edificios de más de 40 años por
anualidades. Una labor que, después de su primer visado, deben volver a
hacer cada 10 años, y en la que queda acreditado que los inmuebles
tienen «garantizada su seguridad y su salubridad», como cita la
ordenanza, en la que se especifican los diferentes aspectos que deben
ser revisados.
Unos trabajos, visados por un profesional acreditado por
su colegio profesional, cuya factura media ronda los 500 euros, aunque
depende de variables como la antigüedad, la superficie, el uso o la
estructura.
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