El Decreto
de Inspección Técnica entró en vigor el pasado 13 de abril, aunque en Ávila
capital estas inspecciones se vienen realizando desde 2011. Ahora son los
municipos de Arévalo, Las Navas del Marques, Arenas de San Pedro y Candeleda,
los obligados a ejecutar este Decreto, para lo que hoy el director general de
Vivienda, Ángel Marinero, se ha reunido con sus alcaldes para informarles del
procedimiento a seguir.
En ávila se
lleva realizando la inspección técnica de edificios desde 2011. En este año
establan obligados a inspección 732 edificios, se presentaron 702 inspecciones,
de las cuales 514 fueron favorables y 188 no lo fueron. En 2012 estuvieron
sujetos a inspección 1.796 edificios, se realizaron 1.303 inspecciones
técnicas; 1.088 fueron favorables y 215 desfavorables. En el presente año son
522 los que se verán obligados a pasar la inspección. Hasta el momento se han
presentado 44: 41 favorables y 3 desfavorables.
Según ha
explicado Ángel Marinero, los municipios que están sujetos a este Decreto son
los que tienen más de 5.000 habitantes, por ello en Ávila los obligados son
Arévalo, Las Navas del Marqués, Arenas de San Pedro y Candeleda.
El Decreto,
que entró en vigor el 13 de abril, establece la inspección técnica de los
edificios obligatoria a partir de los 40 años de construcción de los mismos, y
busca “ir avanzando en la cultura de la prevención y el mantenimiento aplicada
a los edificios, lo que supone al final a los propietarios un abaratamiento de
costes y un aprovechamiento de problemas futuros”, añadía Marinero..
En Castilla
y León están obligados este año a pasar la Inspección Técnica 70.000 edificios
(aquellos terminados hasta 1972). la Inspección tiene cierta analogía con la de
los vehículos, es cada 40 años y después cada 10 años. La experiencia que
tienen los ayuntamientos que ya tenían implantada esta revisión, es que suelen
pasarla el 80% de los edificios. El coste de las inspecciones, del técnico,
tienen que asumirlo los propietarios.
El objetivo
es que las comunidades de propietarios resuelvan los pequeños problemas de los
edificios antes de que estos sean más graves y supongan un desembolso mayor. La
no revisión de los mismos tiene una multa administrativa, “pero que por el
momento, dada la situación económica no se ejecutará”, matizaba Ángel Marinero.
“Es un decreto que beneficia a los propietarios de cara a evitar males
mayores”.
En este
proceso tienen que estar muy involucrados los admistradores de las fincas y la
Administración Pública en su labor de informar, por ello la necesidad de estas
reuniones que se están realizando en todas las Delegaciones Territoriales.
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