Alrededor de 7.800 edificios (4.500 de
la capital, 1.500 de Benavente y 1.800 de Toro), construidos en 1972 y
años anteriores tienen un año para pasar la inspección técnica de
edificios que a partir de ahora es obligatoria, señaló ayer en la
Delegación de la Junta en Zamora el director general de Vivienda, Ángel
Marinero, quien mantuvo un encuentro con responsables de urbanismo de
las tres principales localidades de la provincia, de momento las únicas
afectadas por la medida. La Administración Regional trata de disipar
dudas y coordinar las actuaciones de los distintos ayuntamientos, además
de difundir la herramienta creada por el Instituto de la Construcción
de Castilla y León para facilitar y homogeneizar las inspecciones en
toda la región.
Se trata de un chequeo al estado general de los
edificios con el fin de detectar «deficiencias que si se cogen a tiempo
son fáciles de corregir, y ahorran futuras reparaciones mucho más
costosas». Marinero declinó dar una cifra sobre lo que costarán las
inspecciones a los vecinos, ya que los precios de los profesionales que
las realizan «son libres», aunque aseguró que la competencia ha
funcionado en aquellas ciudades donde están más desarrolladas las
inspecciones. Y defendió que la realización de inspecciones es
«beneficiosa» para los vecinos.
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