Aprobamos por
los pelos, pero podemos mejorar. Desde que el 1 de junio de 2013 entrara en
vigor la normativa que obliga a los todos los inmuebles en régimen de venta y
alquiler salvo algunas excepciones, a tener un certificado energético, los
resultados no son especialmente halagüeños.
Los últimos datos oficiales, elaborados por el Idae, dicen que
cerca de 650.000 edificios existentes en España cuentan con un certificado de
estas características y que son poco más de 14.000 los edificios nuevos
certificados.
Lo que más preocupa no es solo el número de inmuebles que aún
están sin certificar, sino que el 45 por ciento han obtenido la calificación E,
la tercera peor en la escala total, siendo la A la más eficiente y la G la
menos eficiente, según el consumo de energía y las emisiones de CO2, mientras
que el 28 por ciento han obtenido la peor calificación: la G.
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| Fuente: http://www.e-cuatro.es/ |
A pesar de todo,
nos comenta Inés García, responsable de comunicación de certicalia.com, los
datos son los esperados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
edificios construidos en España son anteriores a 2007 y por aquel entonces no
había normativas que obligaran al aislamiento. Ahora la situación es diferente
y los edificios posteriores a esta fecha ya incluyen este tipo de medidas.
El técnico evalúa la envolvente del inmueble -fachada, ventanas,
suelos, tejados, muros, puertas- y las instalaciones que producen la energía
-calefacción, ACS y aire acondicionado- y, en base a los resultados obtenidos,
hace una serie de recomendaciones al propietario para mejorar la calificación
de su propiedad.
Subir un escalón -en este caso una letra- puede ser tan sencillo
como cambiar las ventanas por otras con mayor aislamiento o poner una caldera
más eficiente que aproveche el calor producido en la combustión. Un gasto que habría que enfocarlo como una inversión y que suele ser menos gravoso para
nuestro bolsillo con las ayudas de los Planes Renove a nivel autonómico ó al
Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
Falta de información y de
vigilancia en el cumplimiento
El precio ya no es excusa. Es cierto que los primeros certificados
que se hicieron en España costaban, de media, entre 120 y 150 euros; sin
embargo, la competencia es tan elevada que los técnicos se han visto obligados
a reducir el precio prácticamente a la mitad, siendo más baratos en regiones
más pobladas donde la demanda es mayor que en otras donde el número de
inmuebles baja considerablemente.
Por otra parte, el hecho de que sea obligatorio contar con un
certificado energético o que existan multas por incumplimiento -que pueden ir
desde los 300 hasta los 6.000 euros según la gravedad de la infracción-, no
parecen ser armas suficientes para que el número de certificaciones aumente.
Fuente: http://www.eleconomista.es/
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