En el último balance , Vivienda suma un total de 1.084 expedientes abiertos. Cabe indicar que la ITE diferencia entre fincas con Protección Integral, Protección Global, Protección Estructural y edificios con una antigüedad de 50 años o más.
Del total de expedientes abiertos, 952 son los que se corresponden a edificios con antigüedad superior o igual a 50 años, mientras que 21 expedientes son de Protección Integral, otros 33 se incoaron a fincas con Protección Global y el resto, 78, a las que tienen Protección Estructural.
Los recursos presentados suman 269, siendo favorables un total de 157 expedientes. En el caso de ITE desfavorables, se trasladan al Servicio Municipal de Disciplina Urbanística para llevar a cabo las operaciones necesarias reflejadas en la inspección técnica, referentes a la subsanación de las obras necesarias. Las inspecciones que son favorables tienen su revisión transcurridos 10 años desde su presentación.
Se han trasladado ya 112. Al cierre del ejercicio 2014 cabe señalar que se presentaron 98 ITE, de las cuales 63 obtuvieron un resultado favorable y las otras 30 fueron desfavorables.
El Servicio de ITE ha cerrado en los últimos 5 meses un total de 53 casos, mostrando la edil una satisfacción por los datos obtenidos en estos procedimientos.
El procedimiento administrativo se abre con una primera comunicación por carta a todos los propietarios del edificio. Se pone en conocimiento la obligación establecida por la ley.
En el plazo de diez días los interesados deben comunicar si existe cualquier tipo de error, como que se trate de un edificio con más propietarios.
A las ITE están obligados los propietarios, no obstante, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y los Colegios Oficiales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos rubricaron un convenio de colaboración para que a través de los respectivos colegios se dispusiera de una lista de profesionales que realizaran aquellas inspecciones que ante la negativa de los propietarios, la administración local de forma subsidiaria tuviera que ejecutar. A posteriori, los costes de la inspección serían requeridos al propietario del inmueble.
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